
Iniciativa de Ley Integral Anti-Bullying
Establecer un marco legal robusto para prevenir y erradicar el acoso escolar sistemático en Durango, mediante la tutela penal del entorno educativo y la armonización de la legislación penal, educativa y de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Planteamiento dogmático y realidad criminológica del conflicto
La dogmática jurídica y la praxis forense en Durango evidencian una disonancia entre la realidad criminológica de las aulas y la respuesta punitiva del Estado. El acoso escolar sistemático no es una simple reiteración de agresiones menores, sino un fenómeno de violencia estructural, persistente y con grave impacto psicoemocional en las víctimas menores de edad.
Marco constitucional, convencional y bloque de constitucionalidad
Proyecto de Decreto: Tipificación del Acoso Escolar Sistemático
Se propone adicionar el Capítulo VII Bis "Acoso Escolar Sistemático" al Código Penal del Estado de Durango, creando el artículo 210 Bis que define el delito como la realización reiterada y deliberada de actos de coacción, intimidación, hostigamiento o agresión física, verbal, psicológica o cibern ética contra un estudiante, aprovechando una asimetría de poder en el entorno educativo y causando un daño psicoemocional grave. La pena prevista es de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de UMA, además de sanciones accesorias para personas adultas responsables.
Agravantes y responsabilidad de garantes en el entorno educativo
Las penas se incrementan cuando el acoso es cometido por directivos, docentes o personal escolar que abusan de su posición de autoridad; cuando las agresiones generan lesiones que requieren más de quince días para sanar, daño psicológico permanente o inducen conductas autolesivas o suicidas; o cuando se utilizan medios digitales, redes sociales o tecnologías como la inteligencia artificial para prolongar el acoso o causar un grave daño reputacional. También se agrava cuando quien tiene la calidad de garante conoce el acoso y omite actuar para detenerlo o denunciarlo.
Reformas a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Se refuerza la obligación de las autoridades educativas y del personal escolar de aplicar de manera inmediata el Protocolo Homologado de Detección, Prevención y Actuación ante Casos de Acoso Escolar. Ante la noticia de acoso escolar sistemático, directivos y docentes deberán dar vista formal a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en un plazo máximo de 24 horas, bajo responsabilidad administrativa y, en su caso, penal. Asimismo, se mandata la instrumentación transversal de mecanismos eficaces de protección integral y protocolos de actuación frente a la violencia y el acoso escolar.
Tu participación es clave para consolidar un marco jurídico que proteja de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes frente al acoso escolar sistemático y garantice un entorno educativo seguro, libre de violencia y respetuoso de su dignidad.
Descarga la iniciativa completa, revisa el proyecto de decreto y comparte tus comentarios para fortalecer esta propuesta ciudadana en favor de la niñez duranguense.